Finanzas abiertas: la llave tiene que estar del lado del ciudadano
Cuando escribí sobre infraestructura financiera pública hubo algo que no conté: había estado a cargo del proyecto del Sistema de Finanzas Abiertas en Mi Argentina. Hoy, con los avances comunicados por el BCRA, quiero hablar de la pieza que considero central: que las personas puedan decidir cómo compartir su información.
En septiembre escribí sobre la necesidad de una infraestructura pública financiera. Sostuve que el Estado no necesita otra billetera para competir con bancos y fintech, sino capacidades comunes que conecten los servicios que ya existen.
Hubo una parte de esa historia que no conté.
Lo que entonces no podía contar
Durante mi gestión en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología tuve a mi cargo el proyecto del Sistema de Finanzas Abiertas (SFA) en Mi Argentina: la capa de identidad, autenticación y gestión de consentimientos con la que la plataforma se iba a sumar al sistema.
No lo mencioné en aquella nota por responsabilidad institucional. Mientras fui funcionario, me correspondía guardar reserva y respetar los tiempos del Banco Central, que es la autoridad de aplicación y a quien le toca comunicar los avances.
Eso cambió. En junio, iProUP informó que se evaluaba usar Mi Argentina para autenticar usuarios y administrar autorizaciones, y en octubre el BCRA presentó avances en las pruebas de autenticación y consentimiento, con datos de ARCA como primer caso de uso. Con la discusión ya en público, puedo explicar por qué el SFA es mucho más que una integración técnica entre bancos y organismos.
El dato existe. La oportunidad, no siempre
Pensemos en un monotributista que factura todos los meses, paga sus impuestos y necesita un crédito para comprar una herramienta de trabajo. ARCA conoce buena parte de su actividad; su banco y sus billeteras conocen otra. Pero cuando pide financiamiento, esa información rara vez llega a quien tiene que evaluarlo, y la persona termina juntando papeles o directamente queda afuera. No porque no tenga historia, sino porque no la puede mostrar.
El Decreto 353/2025 creó el SFA para resolver exactamente eso: que las personas puedan, con su consentimiento expreso, compartir su información con las entidades inscriptas ante el BCRA, en favor del crédito, la competencia y la inclusión financiera. El Decreto 353/2025 establece que el intercambio de información debe respetar las normas del BCRA y ARCA destinadas a proteger el secreto fiscal. El consentimiento expreso del ciudadano es fundamental, pero no reemplaza los demás requisitos legales y de seguridad. El consentimiento no es un trámite accesorio del sistema. Es su fundamento.
La oportunidad, entonces, no es que las entidades sepan todo de nosotros. Es que podamos decidir qué información compartir, con quién, para qué y por cuánto tiempo.
Mi Argentina no tenía que guardar los datos
Lo que trabajamos para Mi Argentina fue una capa pública de confianza: un repositorio de consentimientos, no de datos. La persona se identificaba, se autenticaba y otorgaba su permiso. La propuesta consistía en que Mi Argentina registrara una autorización verificable que indicara quién autorizó qué información, a qué entidad, con qué finalidad y hasta cuándo. Los datos, en cambio, seguían en los organismos que los generan, y viajaban desde ahí hacia las entidades autorizadas solo cuando presentaran un consentimiento válido, bajo las reglas que fije el BCRA.
Para que ese recorrido fuera posible, durante mi gestión también trabajamos desde la Secretaría en la infraestructura de APIs y servicios necesaria para interconectar organismos y entidades: los mecanismos para que un organismo pueda responder a una consulta con la autorización del ciudadano. Sin esa capa, el consentimiento sería una firma sin efecto.
Detrás de ese diseño hay una distinción que suele perderse: identificar a alguien no equivale a tener su autorización. Saber quién es una persona no le da a nadie derecho sobre su información. Por eso planteamos algo parecido a una billetera de consentimientos, un lugar donde cada ciudadano pudiera ver qué permisos otorgó, con qué finalidad y hasta cuándo, y revocarlos con la misma facilidad con que los dio. La idea era que Mi Argentina guardara los permisos y dejara registro de cada intercambio, pero no la información: que no se convirtiera en un depósito central de datos tributarios o financieros, que es justamente el riesgo que el sistema tiene que evitar.
Nada de esto es menor. Pasar de un proyecto a un servicio de esta sensibilidad exige estándares altos de seguridad, disponibilidad, privacidad y auditoría. Y exige interoperabilidad real: Mi Argentina puede ser una puerta de entrada confiable, pero el sistema no puede depender de una sola aplicación ni de un único punto de falla.
La llave del lado del ciudadano
Las finanzas abiertas pueden ayudar a que más personas y pymes demuestren su actividad, comparen ofertas y accedan a financiamiento. No garantizan un crédito ni resuelven por sí solas los problemas de la economía, pero pueden derribar barreras que hoy existen solo porque la información no se puede compartir.
Durante mi gestión trabajamos sobre el diseño tecnológico. El desafío que sigue es otro: que bancos y fintech, junto con los organismos que custodian la información, definan los catálogos de datos que el crédito realmente necesita, y que el sistema financiero haga su parte convirtiendo esa información en ofertas concretas de financiamiento. Sin catálogos, los datos no circulan. Sin crédito, que circulen no cambia nada.
En la nota anterior hablaba de una infraestructura para mover dinero y ejecutar políticas. El SFA suma otra dimensión: una infraestructura para que las personas decidan sobre su propia información.
Porque el objetivo de las finanzas abiertas no debería ser que los bancos tengan más datos.
Debería ser que los ciudadanos tengamos más oportunidades. Y que la llave quede de nuestro lado.