Argentina necesita una infraestructura pública financiera

El viernes 3 de abril de 2020, con el país cerrado por la cuarentena, miles de jubilados y beneficiarios de prestaciones sociales hicieron cola durante horas frente a las sucursales bancarias de todo el país para poder cobrar.

Muchas de esas personas tenían una cuenta bancaria, tenían una tarjeta y tenían el dinero acreditado. Formalmente estaban bancarizadas. Y aun así necesitaban trasladarse hasta una sucursal y esperar paradas en la vereda, en medio de una pandemia y siendo parte del grupo de mayor riesgo, para acceder a su propio dinero.

Aquella mañana dejó a la vista algo que hoy parece obvio pero que entonces no lo era tanto: bancarización e inclusión financiera digital no son lo mismo. Y algo más incómodo, que es de lo que quiero hablar acá. El Estado no tenía —y sigue sin tener— una infraestructura común, transversal e interoperable para hacerle llegar recursos a la gente y, del otro lado, para cobrarle, sin reconstruir el circuito en cada política.

Bancarizados, pero afuera

Estar incluido financieramente no se resuelve con una cuenta o con una tarjeta. Se resuelve cuando una persona puede consultar sus fondos, transferir, pagar, cobrar o usar un beneficio de manera autónoma, simple y segura. Se puede tener una cuenta y no saber usarla, tener una aplicación y no entenderla, tener una tarjeta y seguir dependiendo del efectivo.

Y hay una dimensión que conviene no esquivar. En una economía con alta informalidad, el efectivo no persiste solamente por falta de tecnología: hay ingresos que se cobran fuera del sistema formal y actividades enteras donde el efectivo sigue siendo la norma. A eso se suma una contradicción que construyó el propio Estado: el pago digital, que es el más trazable de todos, es también el que carga con retenciones, percepciones y anticipos impositivos. Formalizarse termina costando más que no hacerlo.

Por eso conviene dar vuelta el problema. La inclusión financiera no debería pensarse como incorporar personas al sistema, sino como lograr que estar adentro sea más conveniente que quedarse afuera. Dicho esto, seamos honestos con el alcance de lo que sigue: la infraestructura de la que voy a hablar no resuelve la informalidad. Resuelve algo más acotado y más urgente, que es cómo hace el Estado para mover recursos hacia las personas y las empresas, y para cobrarles, de manera digital, trazable e interoperable.

La discusión que tuvimos y no cerramos

Durante la pandemia empezamos a discutir esto dentro del Estado. No había —ni hay— un único organismo capaz de resolverlo solo. Jefatura de Gabinete tenía la infraestructura digital y la relación con el ciudadano; Desarrollo Social administraba las políticas sociales masivas; ANSES ejecutaba las transferencias más importantes del país; Economía tenía las competencias financieras; Banco Nación aportaba presencia en todo el territorio; Nación Servicios traía la experiencia de operar sistemas masivos de pago como SUBE. Y estaba Mi Argentina, que ya había construido lo más difícil de conseguir: identidad digital, escala y confianza. Con el tiempo llegaría a 28 millones de usuarios registrados.

Hubo reuniones, propuestas y mesas de trabajo, y no lo convertimos en política pública. Mirando para atrás el problema es sencillo de nombrar: cada organismo veía una parte, con sus sistemas y sus prioridades, y nadie tenía mandato para definir una arquitectura común por encima de todos. No faltaban herramientas. Faltaba un área que las ordenara.

Lo que cuesta atar una política a un proveedor

Hay un caso que ilustra esto mejor que cualquier diagrama: la Tarjeta Alimentar.

Cuando se lanzó era literalmente una tarjeta. Un plástico que había que fabricar, distribuir y entregar en operativos territoriales, con una entidad emisora detrás. Llegó la pandemia, entregar plásticos en operativos masivos se volvió inviable y la salida fue acreditar el monto directamente en la misma cuenta donde las familias ya cobraban la AUH. Con el tiempo el plástico desapareció.

Fue la decisión correcta, pero mirémosla de cerca: cambiar el mecanismo de pago de un programa social implicó rediseñar el circuito, la comunicación, la operación territorial y la relación con el prestador. Cuando una política queda acoplada tecnológicamente a un medio de pago, cambiar ese medio de pago significa rehacer buena parte de la política. Multipliquemos eso por cada programa —uno usa un banco, otro un PSP, otro desarrolla su propia solución— y terminamos con decenas de verticales que funcionan individualmente y no forman un sistema. Eso es digitalizar organismos. No es construir infraestructura.

Casa de Moneda y una pregunta incómoda

En paralelo pasó algo interesante. Casa de Moneda, una institución asociada históricamente a la fabricación física de billetes, documentos y productos de seguridad, empezó a preguntarse qué lugar le tocaba en una economía donde una porción creciente de los pagos ya no dependía del efectivo. En 2021 avanzó junto con la entonces Secretaría de Innovación Pública en una plataforma tecnológica para operar cuentas virtuales, emitir CVU, recibir pagos y administrar billeteras.

Para mí lo importante nunca fue la billetera. No se trataba de criptomonedas ni de emitir una moneda nueva, sino de que el Estado, que históricamente tuvo un rol central en la producción física del dinero, empezara a preguntarse qué rol le corresponde en la infraestructura digital sobre la que hoy se realizan cada vez más pagos.

Aquel proyecto no llegó a prosperar, y la razón es la misma que atraviesa todo este texto: nunca tuvo fuerza política para avanzar porque nunca dejó de ser tecnología. Era una plataforma, no una política pública. Un organismo puede construir una capacidad muy buena, pero si no está sostenida por una decisión de gobierno que la convierta en la manera en que el Estado hace las cosas, queda como una herramienta disponible que nadie está obligado a usar. Y las herramientas que nadie está obligado a usar terminan sin usarse.

El Banco Central mostró cómo se construye infraestructura

Mientras esa discusión quedaba abierta, otra parte del Estado resolvía un problema parecido y lo resolvía bien. A fines de 2020 el BCRA aprobó Transferencias 3.0, con puesta en marcha desde el 7 de diciembre de ese año y plena interoperabilidad de códigos QR a partir del 29 de noviembre de 2021: cualquier QR leído desde cualquier billetera o aplicación bancaria, con acreditación inmediata para el comercio y un tope a las comisiones.

Lo interesante es lo que el Banco Central no hizo. No lanzó una billetera estatal ni salió a competir por usuarios. Definió una interfaz estandarizada, fijó reglas, puso topes y obligó a todos a conectarse. El servicio siguió estando en manos de bancos, fintechs y procesadores. El Estado puso los rieles y dejó que los trenes compitieran arriba.

Y hay un segundo ejemplo que tenemos delante desde hace más de una década y casi nunca nombramos así: SUBE es infraestructura pública sectorial de pagos, con identidad asociada, reglas propias y una red de carga en todo el territorio, incluso donde no hay sucursales bancarias. Nació para el transporte, pero la capacidad que resolvió es la misma que después cada política pública salió a construir por su cuenta. Los ejemplos existen y son argentinos. Lo que faltó fue trasladar esa lógica al resto del Estado, y alguien con el mandato de hacerlo.

Lo que hizo funcionar a Pix no fue la tecnología

Brasil es la referencia obligada, y conviene mirarla con precisión porque suele usarse para concluir lo contrario de lo que muestra. Pix lo desarrolló el Banco Central de Brasil y lo lanzó en noviembre de 2020; hoy lo usan unos 176 millones de personas, cerca del 80% de la población, con más de 7.000 millones de transacciones mensuales, y es dinero cotidiano: en 2025, el 59% de las transferencias entre personas físicas fue de hasta 60 reales. Lo que explica ese resultado no es la tecnología: es la participación obligatoria de las instituciones más grandes, la gratuidad para las personas y una experiencia de uso igual en cualquier aplicación. Son decisiones de política pública, no técnicas.

Pero Pix es un riel de pagos minoristas para toda la economía, y Argentina ya recorrió buena parte de ese camino: tenemos transferencias inmediatas y QR interoperable, funcionando y masificados. Argentina ya cuenta con infraestructura de liquidación y con transferencias inmediatas. Lo que no tiene es un esquema minorista equivalente al SPI brasileño: liquidación bruta, operación por operación, en tiempo real y 24/7 sobre cuentas en el Banco Central, por donde hoy pasa casi nueve de cada diez transacciones de Pix. Y lo que nos falta entero es la capa de arriba, la que le permite al Estado usar ese riel para ejecutar sus políticas con identidad, reglas, instrumentos y trazabilidad.

Buena parte de los rieles ya existe. Falta la capa de arriba.

Políticas públicas

• Asignaciones
• Becas
• Beneficio alimentario
• Créditos
• Trámites y tasas

Organismos ejecutoresDeciden quién recibe qué, cuánto y bajo qué condiciones.

Capa pública de integración financiera

• Identidad, autenticación y consentimiento
• Instrumentos con reglas
• Contratos marco y prestadores habilitados
• Trazabilidad y auditoría

No existeHoy no hay una función estatal consolidada, con mandato explícito y transversal, para construirla y administrarla.

Rieles de pago

• Transferencias 3.0
• QR interoperable
• SUBE
• Bancos
• PSP
• Procesadores

En buena parte, ya existenEn debate: si Argentina necesita además una infraestructura minorista de liquidación en tiempo real equivalente al SPI brasileño.

La distinción importa porque la discusión sobre el riel ya empezó: hay una propuesta en el debate público para crear un sistema integral de pagos y liquidaciones administrado por el Banco Central, que operaría como empresa testigo y fijaría un precio de referencia. El diagnóstico me parece correcto en varios puntos, sobre todo en el costo que soporta el comercio y en el castigo tributario al pago digital. Mi diferencia es de arquitectura: ahí el Banco Central regularía el mercado de pagos y competiría dentro de él al mismo tiempo. Brasil eligió ese camino, y la concentración de roles abrió una discusión institucional que llegó hasta el plano comercial: en la investigación que Estados Unidos abrió en 2025 bajo la Sección 301, que abarcó varios asuntos, se objetó expresamente que su Banco Central fuera a la vez regulador del mercado de pagos y dueño y operador de Pix. Se puede discutir la buena fe del planteo, pero el problema que señala es real, y es el mismo que hay que resolver acá: quién regula, quién opera y quién presta.

Hay algo más importante todavía. Toda esa discusión, la brasileña y la argentina, es sobre el riel. Ninguna dice una palabra sobre cómo el Estado paga un beneficio, entrega un voucher o cobra un trámite. Esa capa no la está discutiendo nadie, y es la que este texto propone construir.

El Estado no necesita otra fintech

El objetivo no es que el Estado compita con los servicios financieros que ya existen. No tiene sentido construir una billetera pública para pelear por clientes o participación de mercado. Lo que hay que construir es la capa pública de integración financiera: la infraestructura que ordena e integra los servicios financieros que el Estado necesita para ejecutar sus políticas. Sobre esa capa pueden convivir cuentas, transferencias, beneficios, subsidios, créditos o vouchers, prestados por bancos, PSP, procesadores o redes de cobranza que se conectan mediante contratos, convenios, APIs y reglas de interoperabilidad. Si el Estado necesita entregar una ayuda para comprar alimentos, no debería construir una plataforma entera desde cero: debería definir quién recibe el beneficio, bajo qué condiciones y para qué puede usarse, y la infraestructura resuelve el resto, incluido cambiar de prestador sin rehacer la política.

Conviene decirlo con todas las letras, porque es la duda razonable que aparece apenas se menciona una infraestructura pública: esta capa no reemplaza a nadie. Se apoya sobre las cámaras compensadoras, los procesadores y las redes que ya operan el sistema de pagos argentino, y los necesita funcionando. Lo que hoy no existe no es capacidad de procesar pagos: es el lugar donde el Estado define sus reglas una sola vez y se conecta a esa capacidad sin rearmarla en cada programa.

Y para el sector privado el negocio mejora. Hoy cada organismo que necesita pagar o cobrar arma su propia licitación, con su propio pliego y su propia integración, y el que gana queda atado a ese programa. Con contratos marco y estándares comunes, el mercado al que acceden los prestadores se vuelve más grande, más previsible y más barato de atender: compiten por prestar servicio sobre una arquitectura ya definida en lugar de construir una integración distinta cada vez.

Hay otra manera de mirarlo, y es la que más me gusta: pararse en la persona, física o jurídica, y ver todo lo que ocurre entre ella y el Estado en términos de dinero a lo largo de un año. Una familia puede cobrar una asignación, recibir un beneficio alimentario, tener una beca escolar, pagar la renovación de un DNI, sacar un pasaporte, abonar una tasa y pedir un crédito de un programa. Una pyme puede cobrar un reintegro, pagar una habilitación, recibir un incentivo y pagar un derecho. En los dos casos hay un flujo de ida y otro de vuelta, varias veces al año, con el mismo Estado del otro lado.

Y sin embargo cada una de esas operaciones vive hoy en un lugar distinto: otro circuito, otro prestador, otra pantalla, otra manera de reclamar. Nadie tiene hoy una vista transversal de esa relación: ni la persona, que no dispone de un solo lugar donde consultar todos sus movimientos con el Estado, ni el Estado, que no cuenta con una capa común que permita reconstruirlos con las autorizaciones y finalidades que correspondan. Verla completa permite saber si una política llegó, detectar superposiciones entre programas y darle a la persona un solo lugar donde reclamar. Exige, eso sí, reglas estrictas de acceso, consentimiento y minimización: que la relación pueda verse completa no significa que cualquier organismo pueda ver todo.

En lugar de veinte políticas construyendo veinte soluciones financieras distintas, una infraestructura común sobre la que funcionen veinte políticas. Parece un cambio tecnológico. Es institucional.

El activo no es la billetera

El Estado ya sabe quién es el ciudadano, puede autenticarlo, entregarle una credencial, avisarle que tiene un beneficio disponible y registrar su consentimiento. ¿Por qué cada política pública debería reconstruir esa relación desde cero? El activo más importante no es la billetera: es la identidad. Una vez construida esa capa, los productos pueden cambiar, los proveedores pueden cambiar y hasta la tecnología puede cambiar. La relación digital entre el ciudadano y el Estado permanece.

Y esa capa habilita algo que va más lejos que los pagos. El Estado ya provee la fuente autoritativa de identidad sobre la que se apoya buena parte del sistema financiero: cuando un banco o una billetera abre una cuenta, valida contra registros estatales. Si a esa identidad verificada se le suma el consentimiento del titular y el marco de finanzas abiertas, aparece la posibilidad de que una persona sin historial crediticio tradicional pueda demostrar comportamiento económico verificable. A muchas personas sin historial crediticio tradicional no les falta comportamiento económico verificable: les falta poder mostrarlo. Alguien que cobra un beneficio desde hace años o factura como monotributista genera señales que hoy están dispersas entre sistemas distintos y que, con su consentimiento y dentro del marco legal, podrían portarse.

Acá conviene ser preciso con los roles, porque es donde la discusión se desbarranca más fácil. El Estado no debería construir un puntaje de crédito ni decidir quién merece financiamiento: debería aportar identidad verificada, consentimiento explícito y portabilidad de la información que la persona autorice a compartir. El scoring y el crédito son de quien presta. Otra vez lo mismo: rieles públicos, trenes compitiendo arriba.

No todo lo que el Estado entrega es dinero

Hay una capacidad que suele quedar afuera y que distingue una infraestructura pública financiera de una transferencia bancaria: no todo lo que el Estado entrega tiene que ser dinero libre. A veces lo que corresponde es un derecho de uso acotado —un curso, un libro, una prestación de salud, un servicio determinado—, y hoy eso se resuelve programa por programa, con un convenio ad hoc con cada proveedor, o transfiriendo dinero y confiando en que se gaste en lo que corresponde.

La infraestructura debería poder emitir instrumentos con reglas: qué se puede adquirir, dónde, hasta cuándo, si es nominal o transferible, si vence y qué pasa con el saldo no usado. Esas reglas tienen que definirse normativamente y parametrizarse en la plataforma, para que cada programa no tenga que construir un sistema distinto para hacerlas cumplir. La contracara es el registro de prestadores habilitados: sin un padrón de quién puede prestar el servicio y con qué mecanismo de liquidación, no hay voucher, hay una promesa. Y un instrumento con reglas simplifica radicalmente la trazabilidad y la auditoría operativa, porque se sabe qué se emitió, qué se usó, qué venció y contra qué se liquidó, sin construir un sistema de rendición aparte.

El costo de hacerlo veinte veces

Hay un argumento que probablemente sea el más fácil de defender frente a quien tiene que aprobar un presupuesto: esto, además, es mucho más barato.

Cada programa que arranca vuelve a pagar lo mismo desde cero. Si entrega un plástico, paga emisión, distribución, operativos y reposición por robo o extravío. Si necesita cuentas, paga apertura y validación de identidad, muchas veces para personas que ya tienen una cuenta operativa en otro lado, y después administra cuentas inactivas. Si necesita mover dinero, licita su propia integración y paga mantenimiento, soporte y conciliación por su cuenta. El Estado termina pagando varias veces exactamente lo mismo, y lo paga peor: veinte contrataciones chicas y dispersas negocian condiciones mucho peores que una contratación marco con volumen nacional detrás.

Y esto no corre solamente para los pagos que el Estado hace, sino también para los que cobra. Un organismo necesita cobrar un trámite —la renovación del DNI, por ejemplo— y hoy tiene que salir a contratar por su cuenta un proveedor. La contratación no tiene nada de malo; el problema es que de ella termina dependiendo todo lo demás: qué medios de pago se aceptan, con qué costo, cómo es la pantalla donde la persona paga, qué pasa cuando el pago falla, cómo se pide un reintegro. La experiencia de pagarle al Estado queda definida por el contrato de cada organismo y no por una decisión del Estado. Con los rieles disponibles la lógica se invierte: el organismo se conecta a una infraestructura donde ya hay proveedores habilitados, compara condiciones, elige el que más le conviene y puede cambiarlo sin rehacer nada. Es la misma idea de siempre, aplicada al otro sentido del flujo: el Estado pone los rieles y elige el tren cada vez.

Hay además un costo que paga el ciudadano. Hoy cobrarle al Estado o pagarle al Estado es una experiencia distinta en cada organismo, y eso se traduce en traslados, tiempo perdido, errores de liquidación y reclamos que también le cuestan plata al Estado. Que cobrar y pagar sea una sola experiencia no es una cuestión estética: baja el costo de operación de un lado y el de acceso del otro, que muchas veces es el que termina excluyendo a la gente.

La seguridad no se resuelve organismo por organismo

Y hay una dimensión que no parece de costo hasta que falla. Veinte soluciones financieras significan veinte superficies de ataque, veinte maneras de guardar datos personales y financieros y veinte niveles distintos de madurez en seguridad. En un sistema de pagos, la seguridad del conjunto no es el promedio de las partes: es la del eslabón más débil. Un programa chico, con poco presupuesto y poca capacidad técnica, puede comprometer la confianza en todo lo demás.

Una capa común permite lo contrario: concentrar la inversión donde de verdad importa, tener un único régimen de credenciales, y ofrecer un servicio común de señales de riesgo que permita detectar patrones que ningún organismo puede ver solo, porque cada uno mira únicamente su propio programa. No se trata de una base central que acumule toda la actividad financiera de una persona: se trata de consultar, responder y dejar registro, con finalidad acotada y trazabilidad de cada acceso. La suplantación de identidad para cobrar un beneficio no se detecta mirando un programa aislado: se detecta cruzando comportamiento entre varios.

Tres definiciones que hay que tomar antes de escribir una línea de código

Acá hay plata, hay un regulador y hay responsabilidad. Hay tres definiciones que suelen postergarse y que en realidad son el punto de partida.

Quién es el sujeto regulado. Mi posición es que el diseño debería evitar que la plataforma pública custodie fondos o desempeñe funciones financieras reguladas: provisión y administración de cuentas, iniciación, adquirencia, aceptación. Esas funciones deberían recaer en entidades habilitadas por el BCRA. La infraestructura pública debería concentrarse en identidad, reglas, estándares, integración, contratación y trazabilidad, y contratar la prestación regulada. No es una cuestión de etiqueta: lo que determina si algo queda alcanzado por la regulación es la función que efectivamente cumple la plataforma, no cómo se la llame.

Quién asume el riesgo. La plataforma pública tiene que ser la fuente de verdad de la asignación y de la trazabilidad; el prestador regulado responde por el movimiento de fondos y por el cumplimiento regulatorio de la prestación financiera. La infraestructura pública conserva las suyas: datos personales, seguridad, contratación, control y administración financiera. Y hay una cadena que esta capa no reemplaza y con la que tiene que conectarse de forma nativa: presupuesto, compromiso, devengado, orden de pago, Tesorería y rendición. Una política pública no empieza en la acreditación. Eso implica conciliación permanente y un registro de auditoría que sirva a cuatro públicos: el organismo que ejecuta, los órganos de control, el regulador y el control interno. Si no se define en el diseño, se define solo el día del primer incidente, y siempre mal.

Quién paga. Es la más evitada y la que más proyectos mata. Si el financiamiento es una partida presupuestaria anual, la plataforma dura lo que dure la prioridad política. Mi posición provisoria es que se financie como un servicio que los organismos usuarios pagan por uso, con costos transparentes y sin trasladarle al ciudadano ni al comercio el costo de una política de inclusión. Y el punto de comparación no es cero: es todo lo que hoy ya se gasta de manera dispersa y repetida.

El área que falta

Todo lo anterior se resume en una sola carencia: hoy no existe una función estatal consolidada, con mandato explícito y transversal, para construir y administrar esta infraestructura. Las capacidades están repartidas entre muchos organismos; la responsabilidad sobre la arquitectura completa no está en ninguno. Vale la pena describirla con precisión, porque la discusión sobre quién la conduce viene después de la discusión sobre qué tiene que hacer.

Área de infraestructura pública financiera

• Programas sociales
• Becas y educación
• Trámites y tasas
• Incentivos a pymes

Le pertenece

• Arquitectura de referencia y estándares
• Identidad, autenticación y consentimiento
• Contratos marco con prestadores regulados
• Registro de prestadores habilitados
• Trazabilidad y auditoría
• Homologación de los organismos que se conectan

No le pertenece

• Prestar servicios financieros
• Administrar programas
• Decidir quién cobra qué, cuánto y en qué condiciones

Cómo se sabría si funciona

• Arquitectura y estándares publicados
• Contratos marco con al menos dos prestadores homologados sobre el mismo estándar
• Una política pública real funcionando de punta a punta
• El esquema de auditoría probado

La prueba: cambiar de prestador sin rehacer la política.

Qué le pertenece. La arquitectura de referencia y los estándares de integración. La capa de identidad, autenticación y consentimiento. Los contratos marco con prestadores regulados, para que un organismo pueda usar la infraestructura sin licitar su propia solución. El registro de prestadores habilitados. El régimen de trazabilidad y auditoría. Y la homologación de los organismos que se conectan, que es lo que evita que la interoperabilidad quede librada a la buena voluntad de cada uno.

Qué no le pertenece. Prestar servicios financieros ni administrar programas. Decidir quién cobra qué, cuánto y bajo qué condiciones es de los organismos que ejecutan las políticas. Un área de infraestructura que empieza a diseñar políticas sociales deja de ser infraestructura y se convierte en otra vertical.

Con qué principios. Cinco, y ninguno es técnico.

• Digital por defecto. Si algo se puede resolver digitalmente, esa tiene que ser la manera normal de hacerlo y no una opción más.
• El Estado no vuelve a pedir lo que ya puede obtener legítimamente. Si una persona ya está identificada, ya validó un dato o ya eligió un medio habilitado para cobrar o pagar, ningún programa debería obligarla a empezar de nuevo.
• Interoperabilidad como obligación jurídica y no como proyecto tecnológico. Conectarse tiene que ser un deber con una regla detrás, porque una integración que queda a criterio de cada organismo no ocurre.
• Servicios comunes. Esta capa es un servicio compartido del Estado, como la identidad digital o las notificaciones, y se administra como tal.
• Protección para quien no puede operar digitalmente. Siempre tiene que haber una vía asistida o presencial, porque digital por defecto no puede significar digital obligatorio.

La fila del 3 de abril fue, entre otras cosas, lo que pasa cuando el único canal disponible es el equivocado.

Dónde tiene que estar parada. Por encima de los organismos ejecutores. Si depende de un ministerio que además ejecuta programas, termina siendo la plataforma de ese ministerio y el resto construye la suya. Necesita mandato transversal, competencia para fijar estándares obligatorios y presupuesto propio.

Cómo se sabría si funciona. No por tener una plataforma terminada: eso no es un indicador, es una promesa. Se sabe cuando existen la arquitectura y los estándares publicados, contratos marco con al menos dos prestadores homologados sobre el mismo estándar, una política pública real funcionando de punta a punta y el esquema de auditoría probado. Y sobre todo por una prueba concreta: ejecutar la misma política con dos prestadores distintos, o pasar de uno al otro, sin modificar la lógica de la política. Si eso se puede demostrar, la discusión está ganada.

Qué equipo necesita. No es principalmente un equipo de desarrollo. Necesita arquitectura, regulación financiera y compliance, contratación pública, seguridad, producto y gente que conozca la operación territorial, porque una parte de los destinatarios no tiene smartphone ni conectividad estable.

El trabajo pendiente

El ecosistema cambió muchísimo desde 2020, y el Decreto 353/2025 abrió además la discusión sobre finanzas abiertas, que en el fondo es la misma idea: reglas y estándares para que los datos y los servicios financieros circulen entre actores con el consentimiento del titular. Tenemos hoy mucho más de lo que teníamos entonces, y la discusión sobre el riel está abierta, lo cual es una buena noticia.

Lo que seguimos sin tener es la capa donde el Estado ejecuta: el área, la arquitectura y las definiciones. Una parte importante del trabajo previo ya está hecha —la identidad existe, la escala existe, los estándares de pago existen y el ecosistema privado está maduro—, y sin embargo no existe todavía una función estatal consolidada a cargo de esa capa.

Falta decidir construirla, y decidir quién la construye. Yo tengo bastante claro por dónde se empieza.