El Estado que viene ya empezó a construirse
Lo que falta no es empezar de nuevo: es terminar de conectar lo que está. Un mapa de la infraestructura digital que el Estado argentino ya tiene, y de lo que hace falta para la etapa de los agentes de inteligencia artificial.
Hace unos días dejé la Subsecretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Estado nacional argentino.
Antes de escribir sobre lo que viene, quiero escribir sobre lo que hay.
Este no es un balance de gestión. Es más bien un mapa: qué tiene hoy construido el Estado argentino en materia de infraestructura digital, cómo se llegó hasta acá atravesando gobiernos de distinto signo, y qué creo que hay que hacer con eso en los próximos años.
Lo escribo ahora por tres razones. Porque desde adentro es difícil tomar distancia. Porque casi todo lo que voy a contar lo construyó gente que sigue ahí. Y porque lo que está bien hecho trasciende gobiernos y colores políticos. En tecnología pública eso no es una declaración de principios: es algo que se puede verificar.
Lo que ya está construido
Durante mucho tiempo, cuando hablábamos de transformación digital del Estado, la discusión estaba centrada en cómo reemplazar el papel, digitalizar un trámite o permitir que una gestión pudiera hacerse desde una computadora o un teléfono.
Ese proceso fue necesario y permitió avanzar muchísimo. Pero hoy la conversación puede, y debe, ser más ambiciosa.
A lo largo de los últimos años, y atravesando distintas gestiones, el Estado argentino fue construyendo una base tecnológica muy relevante: plataformas de identidad digital, sistemas de gestión administrativa, firma digital, servicios de interoperabilidad, infraestructura de telecomunicaciones, portales de servicios, datos públicos, capacidades de ciberseguridad y políticas de acceso e inclusión digital.
Gestión Documental Electrónica (GDE) transformó profundamente la gestión administrativa del Estado. Expedientes, documentos, comunicaciones y procesos que durante décadas dependieron del papel pasaron a gestionarse digitalmente, con validez jurídica.
Argentina.gob.ar fue, sobre todo, un gran ordenador de la información pública. Hasta entonces cada organismo tenía su sitio, su estética y su propia manera de explicar lo mismo. Para el ciudadano, unificar eso significó poder encontrar. Para el Estado significó algo bastante más incómodo: tener que ponerse de acuerdo en cómo se cuenta lo que hace.
Trámites a Distancia (TAD) permitió iniciar y gestionar trámites de manera enteramente digital, sin pasar por una oficina.
Mi Argentina es, probablemente, la herramienta de comunicación más importante que el Estado tiene hoy con el ciudadano. No es un portal ni un gestor de trámites. Es el lugar donde una persona lleva su documento, su licencia y sus cédulas, recibe avisos y opera. Es, sobre todo, la primera vez que el Estado le habla a alguien directamente en su teléfono en lugar de esperar a que venga.
Vistas de a una, parecen cuatro cosas distintas. Las tres primeras son capas de un mismo recorrido: dónde el Estado cuenta lo que hace, dónde la persona inicia lo que necesita, y dónde eso efectivamente se tramita. Mi Argentina es otra cosa: no organiza el trámite, organiza la relación. Hoy todas parecen naturales porque ya forman parte del funcionamiento cotidiano. Justamente por eso vale la pena mirarlas de nuevo: son infraestructura, no productos.
Y hay algo más viejo y menos visible que atraviesa a las cuatro: la firma digital.
Acá Argentina legisló temprano de verdad. La Ley 25.506, de noviembre de 2001, reguló la firma electrónica, la firma digital y el documento digital, y les asignó eficacia jurídica. Sin esa base, GDE sería un repositorio de archivos ordenado. Con ella, un expediente electrónico es un acto administrativo.
Pero hay un detalle de esa ley que enseña más que cualquier balance. Su artículo 48 ordenaba aplicar firma digital a la totalidad de leyes, decretos, resoluciones y sentencias del Estado nacional en un plazo de cinco años, que vencía en 2006. La despapelización efectiva llegó recién con GDE, quince años después de la sanción.
No lo traigo como reproche, sino porque la lección es la inversa de la que tenemos hoy delante. En 2001 tuvimos la norma sin la infraestructura para ejecutarla. Hoy tenemos la infraestructura, y lo que empieza a faltarnos es la norma.
Tampoco fue solamente construcción de plataformas. En 2018, el Decreto 996 aprobó las bases de la Agenda Digital Argentina, que ordenó la estrategia digital del país en cinco ejes y creó una estructura de gobernanza para coordinarla entre ministerios. Hubo estrategia escrita, no solamente sistemas sueltos. Más adelante vuelvo sobre qué pasó con ella, porque es la parte más instructiva de toda esta historia.
La pandemia y un punto de inflexión
La pandemia mostró de manera muy concreta por qué contar con infraestructura tecnológica pública era tan importante. De un día para otro, el Estado tuvo que seguir funcionando en un escenario completamente distinto.
GDE permitió que buena parte de la Administración Pública continuara gestionando expedientes, documentos y actos administrativos. TAD sostuvo una enorme cantidad de interacciones con ciudadanos y empresas sin presencialidad. Y Mi Argentina pasó a ser, para mucha gente, el único contacto cotidiano con el Estado.
Y aparecieron herramientas nuevas, desarrolladas para una situación excepcional.
Cuidar fue una de ellas. Permitía realizar autoevaluaciones y se integró con el Certificado Único Habilitante para Circulación. Pero Cuidar mostró algo que iba a ser cada vez más importante: la capacidad de conectar una aplicación ciudadana con los sistemas de información de otras áreas del Estado.
La plataforma se articuló con la infraestructura sanitaria del Ministerio de Salud. Los datos de las dosis aplicadas provenían del Registro Federal de Vacunación Nominalizado (NOMIVAC), integrado al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA). Información generada y validada por el sistema de salud se transformaba, del otro lado, en un servicio digital disponible directamente para el ciudadano.
Y hubo un segundo movimiento, más difícil todavía. La vacunación la ejecutaban las provincias, cada una con sus propios sistemas de inscripción y de turnos. Para que una persona pudiera anotarse, recibir su turno y después ver la dosis aplicada en su teléfono, hubo que conectar el sistema nacional de turnos con los sistemas provinciales y con el registro sanitario nacional.
Fue, probablemente, el mayor ejercicio de interoperabilidad federal que haya hecho el Estado argentino.
Ese es el aprendizaje que más me quedó de aquella experiencia:
cuando los sistemas públicos pueden interoperar, el ciudadano deja de ser quien transporta la información entre organismos y empieza a recibir servicios construidos a partir de esa integración.
Y quedó algo más profundo que las herramientas de la emergencia. Cambió la forma en que el ciudadano podía vincularse digitalmente con el Estado. La tecnología dejó de ser solamente una herramienta administrativa y empezó a convertirse en un canal cotidiano de relación.
Eso aceleró otra transformación igual de necesaria: ordenar los trámites y servicios para que pudieran ser encontrados, comprendidos e iniciados digitalmente. El trámite ya no debía empezar necesariamente en una oficina. Debía poder empezar digitalmente. De ese ordenamiento surgieron herramientas como TramitAR.
Y ese camino derivó en una forma distinta de interacción: ya no solamente buscar un trámite dentro de un portal, sino poder conversar con el Estado. Así nació TINA, la asistente virtual del Estado nacional, integrada a Argentina.gob.ar, Mi Argentina, WhatsApp y al sistema nacional de turnos.
Esas dos últimas decisiones no son detalles. WhatsApp no es un canal más: es donde la gente ya está. Llevar ahí al Estado, con un número verificado, es exactamente lo contrario de pedirle a alguien que entre a un portal. Y con los turnos, TINA dejó de solamente responder y empezó a hacer.
Al presentarla, el Estado argentino la anunció como el primer asistente virtual de alcance nacional del mundo: existían desarrollos en ciudades, pero no uno que cubriera los trámites de toda una administración nacional.
Ese paso fue más importante de lo que parece, porque significó empezar a correr la interfaz. En lugar de exigirle al ciudadano que sepa qué organismo resuelve su necesidad y cómo navegar la estructura administrativa, el Estado empezó a experimentar con algo distinto: que la persona simplemente pueda decir qué necesita.
Primero digitalizamos el expediente. Después el trámite. Luego empezamos a ordenar los servicios alrededor del ciudadano. Y finalmente empezamos a conversar con él.
Lo que casi nunca se mide
Cuando se compara la transformación digital del Estado en la región, casi siempre se mira la puerta de entrada: portales, trámites en línea, autenticación, experiencia de usuario. En esa dimensión varios países avanzaron muchísimo, y en algunas cosas más rápido que nosotros. Chile sancionó una ley de transformación digital que Argentina todavía no tiene. Brasil alcanzó una escala que ningún otro país de la región alcanzó.
Pero hay otra dimensión, bastante menos medida y bastante más difícil de construir.
La trastienda.
No el portal, sino el sistema donde efectivamente se tramita.
Y ahí la diferencia no es de ambición, es de arquitectura. El modelo más extendido en la región obliga a que cada organismo lleve sus procedimientos en un expediente electrónico propio: obligación común, implementación distribuida. Argentina hizo lo contrario. Una única plataforma transversal para todo el Sector Público Nacional, con el mismo modelo de expediente, la misma firma y la misma trazabilidad. Y la replicó después en administraciones provinciales.
Las dos decisiones son defendibles. Pero tienen consecuencias muy distintas para lo que viene.
Un modelo distribuido deja decenas de sistemas para integrar. Un modelo transversal deja uno.
Para una persona, la diferencia casi no se nota. Para un agente de inteligencia artificial que tiene que consultar un antecedente, verificar un requisito, generar un documento con validez jurídica y dejar todo auditado, es la diferencia entre poder operar y no poder.
A eso se suma algo que tampoco suele medirse: Mi Argentina son, en realidad, dos cosas montadas una sobre otra.
Por un lado, un proveedor de identidad. El SSO con el que una persona se autentica una vez y entra a servicios de organismos nacionales, provinciales y municipales. Esa es la pieza equivalente al mecanismo único de login que otros países de la región construyeron.
Por otro, la aplicación donde esa misma persona opera y guarda: una plataforma transaccional y a la vez una billetera de credenciales verificables, con su documento, su licencia, sus cédulas y sus certificaciones. Puesta al lado de GDE y de TAD, esa combinación es lo que convierte al conjunto en algo más parecido a una infraestructura que a un catálogo de aplicaciones.
Un dato que prefiero a cualquier adjetivo
Los premios excelGOB los convoca la Red Interamericana de Gobierno Digital con el apoyo de la OEA y el BID. Tienen una particularidad que los hace interesantes: no los define un jurado técnico ni un organismo internacional. Los votan las delegaciones de los países de la región, en la reunión ministerial, entre decenas de candidaturas presentadas por una veintena de países.
En 2022, en Lima, la región eligió a Mi Argentina como la mejor solución en transformación digital de América Latina y el Caribe.
En 2024, en Brasilia, volvió a elegir una solución argentina: TINA.
Dos ediciones consecutivas.
Y algo que me parece más significativo que el premio en sí: bajo dos gobiernos nacionales distintos.
No lo traigo como una medalla. Lo traigo porque es la evidencia más concreta que conozco de las dos cosas que vengo diciendo. Que el trabajo tecnológico del Estado argentino atravesó gestiones sin perder el hilo. Y que nuestros pares en la región lo miran, lo estudian y lo votan.
En esa misma edición de 2024, el premio en servicios digitales transfronterizos fue para Uruguay, por el primer caso de identificación digital transfronteriza de la región, desarrollado junto con Brasil. Vale la pena mirarlo, porque es el mismo problema que venimos discutiendo un escalón más arriba: hacer que sistemas que nacieron separados puedan reconocerse entre sí.
Nada de esto es un punto de llegada. Es un punto de partida. Y también una fragilidad: un sistema transversal que no se moderniza no falla en un organismo, falla en todos a la vez.
De aplicaciones a infraestructura
El ciudadano no debería necesitar comprender cómo está organizado internamente el Estado para poder relacionarse con él. Tampoco debería tener que identificarse de manera distinta ante cada organismo, presentar reiteradamente información que el propio Estado ya posee, ni aprender una lógica diferente en cada interacción.
La tecnología permite pensar otro modelo. Un Estado donde la identidad digital sea una capacidad transversal; donde las credenciales verificables permitan acreditar información de manera segura; donde distintos organismos interoperen bajo reglas claras; donde las personas puedan conocer y administrar sus consentimientos; y donde los servicios se organicen alrededor de sus necesidades.
Eso es lo que se conoce como Infraestructura Pública Digital (DPI, por sus siglas en inglés): el conjunto de plataformas, capacidades, estándares y servicios comunes sobre los que distintos organismos pueden apoyarse para desarrollar mejores soluciones. Identidad, firma, interoperabilidad, datos, credenciales, APIs, pagos, notificaciones.
Cada capacidad que se resuelve de manera transversal evita que decenas de organismos vuelvan a desarrollar desde cero el mismo problema. No significa centralizarlo todo. Significa dejar de resolver una y otra vez lo que es común.
Y hay una dimensión que no se puede separar de esto: la transformación digital no termina cuando una plataforma está disponible. Las personas tienen que poder acceder a la tecnología, desarrollar capacidades digitales y encontrar acompañamiento cuando lo necesitan. Infraestructura digital y acceso a la tecnología son dos caras de la misma política.
De capacidades dispersas a una billetera integral
Hay un paso que me parece el más importante de los próximos años, y que está mucho más cerca de lo que parece.
Mi Argentina ya resuelve transacciones. Lo que todavía no hace es resolverlas como un todo.
Porque hoy las capacidades existen, pero repartidas. La firma digital está en un lado, los pagos en otro, las notificaciones en otro, los consentimientos casi en ninguno. Cada trámite que necesita combinarlas arma su propia integración, y esa integración después no le sirve a nadie más.
El salto es la convergencia.
Que la billetera sea el lugar donde una persona firme, consienta, autorice, pague y cobre. Donde reciba una notificación con validez legal. Donde acredite una condición sin tener que entregar el documento completo que la contiene. Donde vea, en un mismo lugar, qué organismos accedieron a qué información suya, con qué permiso y hasta cuándo.
No una aplicación con más funciones. El punto donde identidad, credenciales, firma, consentimiento y pago dejan de ser sistemas separados y pasan a estar del lado de la persona.
Y acá hay una decisión que conviene tomar con la cabeza fría. Argentina tiene uno de los ecosistemas de pagos digitales más dinámicos de la región. El Estado no tiene por qué competir con eso, ni le conviene. Lo que sí tiene que hacer es interoperar, para que una persona pueda pagar una tasa o recibir una prestación con los medios que ya usa todos los días, sin construir un sistema paralelo. La billetera pública no debería ser una billetera más. Debería ser el lugar donde la identidad, las credenciales y la firma se conectan con todo lo demás.
Hay dos temas que se cruzan de lleno con esto y que dejo para otro capítulo, porque cada uno pide un artículo propio.
Uno son los vouchers: transferencias del Estado a una persona con un destino acotado. Es la cara de cobrar de la billetera, y abre preguntas propias sobre cómo se define ese destino, cómo se limita y cómo se audita.
El otro es el Sistema de Finanzas Abiertas, donde una persona autoriza que su información financiera circule entre instituciones. Es exactamente la misma arquitectura de consentimiento que acabo de describir, aplicada por fuera del Estado.
Los dos dependen de lo mismo: que exista un lugar donde la persona otorgue, vea y revoque permisos. Sin eso, cada uno termina construyendo el suyo.
Hay una razón adicional, y es la que más me importa.
Si en algún momento un agente va a poder actuar en nombre de una persona, la billetera es el lugar natural donde ese permiso se otorga, se ve y se revoca.
Lo que hay debajo
Todo lo anterior descansa sobre una capa que casi nunca entra en estas discusiones: centros de datos, redes, capacidad de cómputo, servicios de nube, sistemas construidos en momentos muy distintos y con criterios muy distintos.
Esa discusión no debería empezar por reemplazar lo que hay, sino por conocerlo. Qué tenemos, dónde está, qué sistemas críticos sostiene y con qué nivel de disponibilidad. No la voy a desarrollar acá, porque merece un texto propio y lo voy a escribir. Pero hay dos cosas que conviene dejar dichas, porque cambian cómo se lee todo lo que sigue.
La primera es que los servicios digitales del Estado dependen cada vez más unos de otros. Mi Argentina puede estar funcionando perfectamente y aun así fallar, porque buena parte de lo que ofrece se construye consumiendo información o APIs de otros organismos. Una credencial depende de un registro externo. Una autorización depende de otro sistema. Si alguno de esos servicios no responde, o responde tarde, la experiencia de la persona falla igual.
Y para esa persona la distinción no existe. No ve qué organismo tiene el problema, ni qué API dejó de responder, ni en qué centro de datos corre el sistema.
Ve al Estado.
La segunda es la misma lógica aplicada a la seguridad. Cuanto más conectado está el Estado, más grande es la superficie que hay que proteger, y una vulnerabilidad en un sistema aparentemente secundario puede convertirse en la puerta de entrada a servicios críticos. Tampoco ahí existe la ciberseguridad de un organismo y la de otro. Existe la confianza en el Estado digital, que probablemente sea el activo más importante de cualquier infraestructura pública digital.
Los datos antes que la inteligencia artificial
Hay una parte de esa capa que sí tengo que traer acá, porque determina directamente lo que viene: los datos.
La conversación sobre inteligencia artificial suele empezar por los modelos. En el Estado debería empezar bastante antes.
Para que una inteligencia artificial pueda asistir, recomendar o ejecutar una tarea, necesita trabajar sobre información confiable, actualizada, disponible y gobernada. Eso exige saber qué datos existen, quién los produce, cuál es la fuente autoritativa, con qué frecuencia se actualizan, bajo qué estándar se intercambian, quién puede acceder a ellos y cómo queda registrado ese acceso.
Un modelo puede ser extraordinariamente avanzado. Pero si consulta tres sistemas que tienen información distinta sobre la misma persona, el problema no está en el modelo.
Está en la infraestructura de datos.
La inteligencia artificial no resuelve esos problemas. Los vuelve más visibles y, si no están resueltos, los amplifica.
El principal cuello de botella para la inteligencia artificial en el Estado probablemente no sean los modelos, sino la calidad, la disponibilidad y la gobernanza de los datos que esos modelos necesitan consumir.
Ordenar los datos no es una tarea paralela a una estrategia de inteligencia artificial. Es su condición previa.
La inteligencia artificial abre una nueva etapa
Hoy hablamos principalmente de inteligencia artificial generativa: asistentes, búsqueda de información, análisis de documentos, automatización de tareas puntuales.
La próxima evolución va a ser más profunda. Estamos entrando en un mundo de agentes: sistemas capaces de comprender un objetivo, consultar información, utilizar herramientas, interactuar con distintos sistemas y ejecutar una secuencia de acciones para completar una tarea.
Y el recorrido que empezó con las primeras plataformas digitales encuentra acá una dimensión nueva.
Antes el ciudadano tenía que encontrar una oficina. Después pudo encontrar un trámite en Internet. Más tarde pudo iniciarlo digitalmente. Luego pudo preguntarle a una asistente virtual qué debía hacer.
La próxima etapa puede ser que un agente lo ayude directamente a hacerlo.
Del mismo modo, dentro de la Administración Pública los agentes podrán ayudar a analizar expedientes, identificar antecedentes, consultar normativa, preparar documentos o detectar inconsistencias.
Preparar al Estado para un mundo de agentes
Los agentes no reemplazan la necesidad de infraestructura digital. La vuelven mucho más exigente.
Un agente no interactúa con un solo sistema. Para resolver una necesidad puede tener que validar una identidad, consultar una credencial, verificar un domicilio, acceder a información de otro organismo, realizar un pago, generar un documento, firmarlo e incorporarlo a un expediente. Una sola operación puede terminar dependiendo de cinco, siete o diez servicios distintos. Si uno solo no está disponible, la operación se detiene.
Y para la persona, otra vez, la distinción no existe. No hay un problema de Mi Argentina, otro del organismo que provee la información y otro de la infraestructura donde corre una API. Hay un resultado: pudo resolverlo o no pudo resolverlo.
Preparar al Estado para la inteligencia artificial no significa solamente incorporar modelos. Significa preparar la arquitectura tecnológica del Estado para que personas y agentes puedan interactuar con ella de manera segura. Y va a hacer todavía más evidente algo que ya era cierto: el Estado necesita funcionar como un sistema, y no como una suma de sistemas.
Pero quiero ir un paso más allá, porque acá están las preguntas que todavía nadie resolvió y que me parecen las más interesantes de los próximos años.
¿Cómo se representa técnicamente el mandato de una persona a un agente? No alcanza con autenticar: hace falta un permiso acotado, revocable, con vigencia definida y con un alcance explícito. Algo así como un poder, pero legible por una máquina. Y con un lugar concreto, del lado de la persona, donde ese permiso se pueda ver y dar de baja.
¿Qué pasa con la firma digital cuando quien firma no es una persona? Acá no hay una laguna: hay una definición que excluye el caso. La Ley 25.506 define la firma digital como el resultado de aplicar a un documento un procedimiento que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante y bajo su absoluto control. Su artículo 7 presume que toda firma digital pertenece al titular del certificado. Y el artículo 25 obliga al titular a mantener el control exclusivo de sus datos de creación de firma y a no compartirlos. Leídos juntos, esos tres artículos significan que un agente que firmara con el certificado de una persona estaría haciendo exactamente aquello que esa persona está obligada a impedir, y todo lo que firmara se presumiría firmado por ella.
Hay un hilo del que tirar, igual. El artículo 10 contempla los certificados de aplicación: certificados que no corresponden a una persona sino a un sistema, y presume que lo firmado con ellos proviene de su titular. La ley ya admite, entonces, que algo distinto de una persona firme. Lo que todavía no existe es la figura intermedia, que es justamente la que hace falta: un mandato acotado, revocable y verificable, donde conste que un sistema actuó en nombre de alguien, dentro de qué límites y por cuánto tiempo.
¿Quién responde cuando un agente inicia mal un trámite, o cuando actúa sobre información incorrecta? ¿La persona, el organismo, el proveedor del modelo?
¿Cómo se audita la diferencia entre una acción humana y una acción automatizada? Un expediente debería poder decir no solamente qué se hizo, sino quién lo hizo y en nombre de quién.
¿Y qué pasa cuando los agentes no son del Estado? Porque van a llegar agentes privados a golpear la puerta de nuestras APIs mucho antes de que el Estado tenga los suyos. Conviene decidir bajo qué reglas se los recibe antes de que la decisión la tome la urgencia.
Ninguna de esas preguntas se resuelve comprando tecnología. Se resuelven con diseño de infraestructura, marco normativo y decisiones explícitas.
Durante años diseñamos interfaces pensando exclusivamente en personas: pantallas, botones, formularios, menús. Los servicios públicos van a tener que seguir siendo simples y accesibles para las personas, pero también van a tener que estar preparados para interactuar con sistemas inteligentes, debidamente identificados y autorizados.
Lo que me llevo y lo que queda pendiente
Me voy con una convicción y con un desafío que dejo abierto.
La convicción es que muchas de las piezas ya están construidas, y que lo que falta se parece menos a inventar que a conectar. Argentina tiene talento, tiene infraestructura, tiene empresas tecnológicas, tiene universidades, tiene experiencia desarrollando servicios digitales de escala y tiene millones de personas acostumbradas a usar servicios digitales todos los días.
El próximo gran desafío es conectar esas capacidades. Cada plataforma, tomada de a una, funciona. La oportunidad ahora es lograr que el conjunto funcione como un sistema. Una persona sigue identificándose distinto según el organismo, sigue presentando información que el Estado ya tiene, sigue aprendiendo una lógica nueva en cada interacción.
Eso todavía no está resuelto, y en buena medida porque es más difícil que construir.
Hay un patrón acá que conviene mirar de frente, porque explica bastante.
En el Estado argentino sobreviven los sistemas. Lo que no sobrevive son los acuerdos.
GDE, TAD y Mi Argentina atravesaron gobiernos de distinto signo y siguieron funcionando. La Agenda Digital de 2018, con su consejo, su mesa ejecutiva y su ciclo anual de revisión, no corrió la misma suerte. Y no es un caso aislado. Los instrumentos de coordinación suelen ser los primeros que se discontinúan cuando cambia una gestión, por una razón casi mecánica: una plataforma tiene usuarios que protestan cuando deja de andar, y un consejo interministerial no tiene a nadie que lo reclame.
El problema es que conectar no se resuelve construyendo un sistema más. Se resuelve con acuerdos: estándares comunes, reglas de acceso, responsabilidades definidas, prioridades sostenidas en el tiempo y la decisión de que cada organismo renuncie a tener su propia versión de lo que ya existe. Nada de eso da resultados rápidos, ninguna de esas cosas se inaugura, y todas dependen de que alguien las sostenga cuando ya no son novedad.
Ese me parece el desafío más importante que dejo señalado. Argentina demostró una enorme capacidad para construir. Lo que todavía nos cuesta es sostener aquello que no siempre se ve: los acuerdos, los estándares y los mecanismos de coordinación que permiten que toda esa infraestructura opere como un conjunto.
Lo dejo escrito porque ahora importa más que antes. En un mundo de agentes, un Estado desconectado no es solamente incómodo para las personas: es un Estado con el que un agente no va a poder operar.
La pandemia mostró la importancia de tener capacidades digitales cuando todo cambia de un día para otro. Los años siguientes mostraron que esas mismas capacidades podían transformar de manera permanente la relación entre el Estado y los ciudadanos. La inteligencia artificial abre hoy una ventana igual de profunda.
El Estado que viene ya empezó a construirse.
Lo que falta no es empezar de nuevo: es terminar de conectar lo que está.
Este texto es el primero de varios.
En las próximas semanas voy a escribir sobre algunas de las cosas que acá quedaron apenas mencionadas. Sobre la capa de abajo: centros de datos, nube, capacidad de cómputo, dependencias entre sistemas y ciberseguridad por diseño. Sobre cómo se incorpora inteligencia artificial dentro de un organismo público sin romper lo que funciona. Sobre cómo se diseñan servicios digitales alrededor de la persona y no del organigrama, y qué tipo de formación y de equipos hacen falta para sostenerlos. Y sobre las preguntas de delegación y mandato que planteé más arriba, que me parecen las más difíciles y las más urgentes.
Al equipo con el que trabajé estos años, y a quienes construyeron todo esto mucho antes que yo: gracias. Lo que está hecho es de ustedes, y sigue ahí.