¿Y si no tuviéramos que demostrar quiénes somos cada vez?
Durante años digitalizamos documentos, trámites y registros, pero seguimos obligando a las personas a presentar una y otra vez información que alguna institución ya certificó. Las credenciales verificables proponen otra lógica. La tecnología ya existe. El desafío más difícil es construir las reglas de confianza para que funcionen entre instituciones.
Imaginemos a una persona que termina una carrera universitaria y recibe su título. Una institución autorizada verificó que cumpliera cada requisito académico y lo dejó asentado. Sin embargo, cada vez que tenga que acreditar esa formación ante un empleador, un organismo público o una universidad del exterior, empieza de nuevo: presentar una copia, certificarla, legalizarla o esperar a que alguien consulte al organismo que la emitió. La información ya fue acreditada. Lo único que cambia es quién necesita comprobarla, y aun así resolvemos el mismo problema una y otra vez.
En la nota anterior planteé que la identidad digital tiene que separar tres preguntas —quién es la persona, quién está actuando y qué está autorizado a hacer— y mencioné las credenciales verificables como una de las piezas para responderlas. Acá quiero detenerme en ellas, porque su promesa no es digitalizar mejor los documentos. Es lograr que lo que una institución acredita pueda ser verificado por otras, de manera segura, sin obligar a la persona a empezar de cero.
Un PDF con un QR todavía no es una credencial
Durante mucho tiempo, digitalizar significó convertir un papel en un archivo. El certificado que antes se retiraba en ventanilla pasó a descargarse como PDF, después incorporó códigos QR, firma digital y alguna página para consultar su autenticidad. Fueron avances reales, pero casi todos comparten una dependencia: quien recibe el documento tiene que ir al sistema del emisor, consultar su base de datos o hacer una validación particular para cada caso. El documento se digitalizó; la verificación siguió siendo artesanal. Incluso un PDF con firma digital, que sí permite comprobar quién lo firmó sin consultar al emisor, entrega el documento entero y no datos que otro sistema pueda leer y verificar uno por uno.
Una credencial verificable invierte esa relación. La institución emite la información firmada con mecanismos criptográficos que permiten comprobar su origen y detectar cualquier modificación. La persona la guarda en una billetera digital y la presenta ante quien la necesite, que puede verificarla sin llamar al emisor en cada presentación, aunque comprobar si sigue vigente o si fue revocada puede requerir una consulta adicional. No es un documento guardado en el teléfono: es información emitida por una institución, cuya autenticidad e integridad cualquiera puede comprobar con estándares abiertos.
La firma dice quién emitió. La confianza dice si podía hacerlo
El modelo tiene tres actores. Una universidad emite un título, que es el emisor; una persona lo conserva, que es la titular; una empresa lo recibe y lo verifica. Hasta ahí, todo es criptografía. Pero que una credencial sea criptográficamente válida no significa que su contenido deba ser aceptado. El sistema puede confirmar que el documento no fue alterado y que lo firmó determinada organización. Otra cosa muy distinta es saber si esa organización tiene autoridad para acreditar lo que afirma.
Una universidad reconocida puede emitir títulos, pero no matrículas profesionales. Un colegio puede certificar que alguien está habilitado para ejercer, pero no su domicilio. Un municipio puede otorgar una habilitación comercial dentro de su jurisdicción y no fuera de ella. Una credencial perfectamente firmada por quien no tiene competencia vale lo mismo que un papel con membrete inventado. La criptografía permite comprobar quién emitió una credencial. La confianza institucional determina si ese emisor tenía autoridad para hacerlo.
Esa segunda parte no se resuelve con tecnología. Requiere reglas compartidas, registros públicos de emisores confiables que digan quién puede acreditar qué, y procedimientos para incorporar, auditar y dar de baja a esos emisores. El sector privado también puede administrar esquemas de confianza, pero cuando están en juego competencias públicas y reconocimiento oficial —quién puede emitir un título, una matrícula o una habilitación— el Estado tiene un papel que nadie más puede cumplir: fijar las reglas y reconocer a los emisores.
Mostrar menos también es proteger más
Hay otra dimensión del cambio que considero tan importante como la anterior. Hoy, para acreditar una condición, entregamos casi siempre mucho más de lo necesario: una clínica que quiere confirmar que un médico tiene la matrícula vigente termina pidiendo el título, el DNI y una constancia del colegio, y guarda copias de todo. Algunos formatos de credenciales permiten presentar solo el atributo que hace falta, o demostrar una condición sin revelar el dato que la sostiene. No todas las implementaciones lo ofrecen —depende de los formatos y mecanismos que se elijan—, y por eso esa elección no es un detalle técnico sino una decisión de política pública.
Lo mismo vale para algo menos visible: que presentar una credencial no deje rastro. Si cada verificación obliga a consultar al emisor, el emisor termina sabiendo dónde, cuándo y ante quién se presentó cada persona. Si las presentaciones pueden correlacionarse entre sí, distintos verificadores pueden reconstruir sus movimientos. Un sistema bien diseñado tiene que evitar las dos cosas. La identidad digital no debería obligarnos a compartir todo lo que somos para demostrar solamente lo que necesitamos acreditar, ni dejar un registro de cada vez que lo hacemos.
Ya no es una discusión de laboratorio
En mayo de 2025, el W3C publicó Verifiable Credentials 2.0 como recomendación, con un modelo común para representar y verificar credenciales. La OpenID Foundation cerró las versiones finales de los protocolos para emitirlas y presentarlas entre sistemas, con pruebas de conformidad abiertas. La Unión Europea, con la reforma de eIDAS, obliga a sus Estados miembros a ofrecer a ciudadanos y residentes una billetera de identidad digital, y lo hace sobre un esquema de listas de confianza que define qué emisores y qué verificadores están reconocidos. En la región ya hay proveedores e implementaciones en marcha.
Son experiencias con distinto grado de madurez, pero muestran una misma dirección: dejar atrás las plataformas aisladas que administran documentos y pasar a ecosistemas donde las credenciales circulan y se verifican bajo reglas comunes. La discusión ya no es cómo construir una billetera. Es cómo lograr que emisores, billeteras y verificadores distintos puedan confiar unos en otros.
Lo que Argentina ya tiene, y lo que le falta
Argentina tiene buena parte de la base institucional. El RENAPER establece la identidad de las personas, las universidades emiten títulos, las provincias otorgan habilitaciones, los municipios administran registros y autorizaciones, los colegios profesionales acreditan matrículas. Cada una de esas instituciones produce información que otras necesitan verificar todos los días, y casi siempre lo hacen con copias, legalizaciones y consultas manuales.
Si esas acreditaciones se emitieran como credenciales interoperables, un profesional podría acreditar su matrícula vigente en segundos, una persona podría demostrar ante un empleador que su título es auténtico sin certificar copias, una empresa podría demostrar su habilitación ante otra jurisdicción. Comprobar que una credencial es auténtica no reemplaza, por sí solo, los requisitos legales de reconocimiento que cada trámite exija. Para eso no hace falta una única aplicación ni concentrar la información personal en una gran base de datos, ni reemplazar las plataformas que ya funcionan. Mi Argentina puede ser una de las billeteras del ecosistema; provincias, universidades y empresas pueden tener las suyas, siempre que respeten los mismos estándares. Lo que falta no es otra aplicación, sino una infraestructura común de confianza: el registro de emisores reconocidos y sus competencias, las reglas para emitir, revocar y verificar, y la decisión de operarla con criterios de servicio público.
También hay que resolver las preguntas menos vistosas: qué pasa cuando una credencial vence o se revoca, cómo se protege a quien pierde el teléfono, qué alternativa tiene quien no usa un teléfono inteligente o prefiere no hacerlo. La credencial digital tiene que sumar un camino, no cerrar los que existen. Digitalizar no debería significar excluir.
El verdadero cambio no es el documento
Durante años avanzamos en reemplazar el papel por archivos. La oportunidad ahora es otra: que la información acreditada por una institución pueda ser reutilizada y verificada por las demás, sin que las personas tengan que repetir siempre el mismo procedimiento. Eso mejora la experiencia de los ciudadanos, reduce costos administrativos y abre la puerta a servicios nuevos, públicos y privados. Y es la misma infraestructura que van a necesitar los agentes de inteligencia artificial para acreditar quién los controla y qué mandato recibieron, con la salvedad que ya planteé: una credencial acredita un permiso, pero es el sistema que la recibe el que tiene que validar su alcance y su vigencia.
Nada de eso depende de elegir una tecnología. Depende de construir acuerdos, estándares, responsabilidades y mecanismos de confianza entre instituciones, porque una credencial verificable vale poco si nadie reconoce a quien la emitió o si solo sirve dentro de una aplicación. El próximo salto de la identidad digital no es tener todos nuestros documentos en el teléfono. Es poder demostrar lo que hace falta, ante quien corresponde, compartiendo solo lo necesario. Y que esa confianza no termine en la puerta de cada organismo.